Si le insultan o difaman en redes sociales, puede defenderse por la vía penal o por la civil. Las injurias y calumnias en redes sociales se consideran cometidas con publicidad. La injuria grave se castiga entonces con multa de seis a catorce meses (art. 209 del Código Penal). La calumnia, que consiste en atribuirle falsamente un delito, se castiga con prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses (art. 206). Ambos son delitos privados: sólo se persiguen por querella de la persona ofendida, que antes debe intentar un acto de conciliación, y prescriben al año. La vía civil, en cambio, permite reclamar una indemnización, la retirada del contenido y la publicación de la sentencia, y para ella dispone de cuatro años. En cualquiera de los dos casos, lo primero que debe hacer es conservar la prueba antes de que alguien la borre.
Un insulto que no se queda en la pantalla
Lo que antes era una discusión de barra de bar hoy queda escrito, se comparte en segundos y aparece en Google cuando alguien busca su nombre. Una reseña que le acusa de estafar a sus clientes, un vídeo en el que se le ridiculiza o un mensaje en el grupo de WhatsApp de la comunidad tienen consecuencias muy concretas. Clientes que no vuelven, un ambiente irrespirable en el trabajo o en el vecindario, una angustia que no se va aunque apague el móvil.
A esto se suma una dificultad añadida. El autor puede esconderse tras un perfil falso o borrar la publicación en cuanto se sienta descubierto. Y la tentación de contestar en el mismo tono es grande. Contestar suele empeorar las cosas, porque puede convertir a la víctima en coautora de un intercambio de ofensas que los tribunales después valoran en conjunto.
La buena noticia es que el ordenamiento español ofrece respuestas eficaces. La mala, que tienen plazos cortos y requisitos formales que conviene conocer desde el primer día.
Injurias y calumnias en redes sociales: qué dice el Código Penal
El Código Penal distingue dos figuras. La calumnia es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad (art. 205). Decir públicamente que alguien «ha robado», «ha estafado» o «ha abusado» de otra persona, sabiendo que no es cierto, encaja aquí. La injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación (art. 208).
No todo insulto es delito. Desde la reforma de 2015, sólo son punibles las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las leves se reservan a la vía civil, con una excepción: cuando el ofendido es la pareja o expareja, o un familiar de los previstos en el art. 173.2, la injuria leve sigue siendo delito leve (art. 173.4), que se tramita como explicamos en nuestro artículo sobre el juicio por delito leve. Además, imputar hechos sólo constituye injuria grave si se hace sabiendo que son falsos o con temerario desprecio hacia la verdad.
Las redes sociales añaden la agravante de publicidad. El art. 211 la aprecia cuando la ofensa se propaga por la imprenta, la radiodifusión «o por cualquier otro medio de eficacia semejante», y los tribunales aplican esa cláusula a internet. El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia 344/2020, de 25 de junio, confirmó una condena por injurias con publicidad. El acusado había insertado en páginas de contactos de internet anuncios ofensivos con el teléfono de la víctima. El fundamento de la mayor pena es la magnitud del daño que permite la difusión masiva.
Dónde termina la crítica y empieza la ofensa
La libertad de expresión protege la crítica, incluso la desabrida o molesta. Por eso los jueces valoran las palabras en su contexto: quién habla, sobre quién, en qué debate y con qué finalidad. Una opinión negativa sobre un restaurante o sobre la gestión de un cargo público no es injuria, aunque duela.
La Sala Primera del Tribunal Supremo lo ha explicado en varias ocasiones. En la sentencia 348/2020, de 23 de junio, rechazó que una única expresión ofensiva alcanzara la gravedad necesaria para lesionar el honor. Se pronunció en plena contienda política y no se repitió. En sentido distinto, la sentencia 476/2018, de 20 de julio, dictada por el Pleno, analizó unos tuits que ponían en duda la baja médica de una persona y la exponían con fotografías. El tribunal descartó el ataque al honor, porque se trataba de una crítica sarcástica sobre hechos ciertos. Apreció, en cambio, una intromisión en la intimidad, y condenó a indemnizar con 6.000 euros y a suprimir los mensajes.
Este último caso enseña algo útil para cualquier afectado. El mismo mensaje puede no ser difamatorio y, sin embargo, vulnerar otro derecho, como la intimidad o la propia imagen. Elegir bien qué se reclama y por qué vía decide muchas veces el resultado del pleito.
Qué hacer en cuanto vea la publicación
El primer paso es conservar la prueba, y hacerlo bien. Haga capturas de pantalla completas en las que se vean el texto, el nombre del perfil, la fecha y, si es posible, la dirección URL. Guarde también los enlaces y anote quién más lo ha visto. Una captura sirve como punto de partida, pero es fácil de impugnar. El Tribunal Supremo, en su conocida sentencia 300/2015, de 19 de mayo, advirtió de que, si la otra parte cuestiona la autenticidad de una conversación digital, la carga de acreditarla recae en quien la aporta. Lo habitual es hacerlo mediante una pericial informática. En los casos serios recomendamos fijar el contenido con un acta notarial o con la certificación de un perito o de un tercero de confianza.
El segundo paso es no responder. Una réplica en el mismo tono puede justificar luego la tesis de que hubo ofensas recíprocas y debilitar su posición.
El tercero es notificar el contenido a la plataforma. El Reglamento europeo de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065) obliga a las redes sociales a disponer de mecanismos para notificar contenidos ilícitos y a resolver esas notificaciones con diligencia. Hágalo después de haber conservado la prueba, porque la retirada puede borrar el rastro.
Por último, consulte con un abogado antes de que corra el plazo. En materia penal dispone de un año desde la publicación, y la preparación de una querella exige trámites previos que llevan su tiempo.
Vía penal o vía civil: cómo decidir
La querella por injurias o calumnias
La vía penal se inicia con una querella, que debe presentarse con abogado y procurador. Antes es obligatorio intentar un acto de conciliación con el autor: sin la certificación de haberlo celebrado o intentado sin efecto, el juzgado no admite la querella (art. 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Esa conciliación tiene a veces un efecto inmediato, porque muchos autores se retractan y retiran el contenido cuando ven que la cosa va en serio. Si el acusado reconoce ante el juez la falsedad de lo dicho y se retracta, se le impone la pena inferior en grado. El ofendido puede pedir, además, que la retractación se publique en el mismo medio (art. 214 del Código Penal). El perdón de la víctima extingue la acción penal (art. 215.3).
La demanda civil por intromisión en el honor
La vía civil se apoya en la Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Permite pedir que se declare la intromisión y se retire el contenido. También puede solicitarse una indemnización por daño moral y la publicación de la sentencia con una difusión similar a la que tuvo la ofensa. La ley presume el perjuicio una vez probada la intromisión y ordena valorar, entre otros factores, la difusión o audiencia del medio (art. 9). El plazo es de cuatro años desde que el afectado pudo ejercitar la acción. Es la vía adecuada para los insultos leves que ya no son delito y para los casos en que interesa más la reparación que el castigo.
Las dos vías no avanzan en paralelo por los mismos hechos: si hay causa penal abierta, el pleito civil queda en suspenso hasta que termine. Elegir una u otra depende de la gravedad de la ofensa, de la prueba disponible, de la identidad del autor y de lo que usted quiera conseguir. Le orientamos en ambas desde nuestras áreas de derecho penal y de derecho civil.
Preguntas frecuentes sobre insultos y difamación en redes sociales
¿Insultar a alguien en redes sociales es delito?
Depende de la gravedad. Los insultos graves difundidos en redes constituyen un delito de injurias con publicidad, castigado con multa de seis a catorce meses. Los leves no son delito salvo que se dirijan a la pareja, expareja o determinados familiares, pero pueden reclamarse por la vía civil como intromisión en el honor.
¿Puedo denunciar a un perfil anónimo o falso?
Sí, aunque identificar al autor no siempre es sencillo. Los datos que permiten saber quién está detrás de una cuenta sólo pueden obtenerse, por regla general, mediante resolución judicial dirigida a la plataforma o al operador. Ayuda mucho haber conservado la publicación con todos sus datos, porque cualquier coincidencia de estilo, horario o contenido con un sospechoso concreto puede servir para orientar la investigación.
¿Cuánto tiempo tengo para denunciar?
Los delitos de injurias y calumnias prescriben al año (art. 131 del Código Penal). La acción civil por intromisión en el honor caduca a los cuatro años. Conviene no apurar ninguno de los dos plazos, porque la prueba digital se pierde con facilidad.
¿Y si lo que han publicado es verdad?
Quien es acusado de calumnia queda exento de pena si prueba el delito que imputó (art. 207 del Código Penal). La verdad, sin embargo, no lo justifica todo. Divulgar hechos ciertos de la vida privada sin interés público puede vulnerar la intimidad, como muestra la sentencia de los tuits sobre la baja médica antes citada.
¿Cuánto puedo reclamar de indemnización?
No existe un baremo. El juez valora la gravedad de la ofensa, su difusión, el número de seguidores del autor, el tiempo que permaneció publicada y las consecuencias personales o profesionales que tuvo. Las cantidades varían mucho de un caso a otro, por lo que cualquier cifra debe estudiarse con el asunto concreto.
¿Pueden obligar a borrar lo publicado?
Sí. La sentencia civil puede condenar al autor a suprimir el contenido y a abstenerse de nuevas publicaciones, y pueden pedirse medidas cautelares para que la retirada sea inmediata. Paralelamente, la plataforma puede retirarlo si se le notifica como contenido ilícito.
¿Qué hago si el denunciado por injurias soy yo?
Si ha recibido una citación del juzgado por un mensaje que publicó, no declare sin asesoramiento. La defensa puede apoyarse en la libertad de expresión, en el contexto del intercambio o en la falta de gravedad de las palabras. Le explicamos qué implica esa situación en nuestro artículo sobre la citación como investigado.
Conclusión
Las redes sociales han multiplicado el alcance de las ofensas, y el Derecho ha respondido con la agravante de publicidad y con una tutela civil que permite borrar el daño y repararlo. Pero los plazos son breves, la conciliación previa es obligatoria en la vía penal y la prueba digital se pierde con un clic. Actuar pronto y con criterio jurídico marca la diferencia entre un asunto archivado y una reparación efectiva.
¿Le están insultando o difamando en internet? Hable con nosotros
Estas situaciones llegan a nuestro despacho con más frecuencia de lo que parece. Piense, por ejemplo, en el profesional o el comercio al que alguien acusa en reseñas de Google o en Instagram de «estafar» a sus clientes. Atribuir falsamente un delito es calumnia, y además causa un perjuicio económico medible. O en la persona a la que su expareja insulta y humilla en publicaciones o estados de WhatsApp, donde incluso la ofensa leve sigue siendo delito. O en el vecino al que señalan en el grupo de la comunidad como autor de un robo en el garaje.
En todos estos casos, contar con un abogado desde el primer momento evita errores que luego no tienen arreglo. Una prueba mal conservada, una respuesta impulsiva que se vuelve en su contra o un plazo de un año que vence mientras se decide qué hacer pueden arruinar un caso ganable.
En Méndez Sancho Abogados trabajamos a diario tanto el derecho penal como el civil, de modo que podemos valorar con usted qué vía le conviene. Después la llevamos de principio a fin: aseguramos la prueba digital, celebramos la conciliación, presentamos la querella o la demanda y reclamamos la indemnización. Atendemos en nuestro despacho de Madrid centro y en toda España.
Contacte con nosotros o llámenos al 910 606 477 y estudiaremos su caso.



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