Pocas cartas inquietan tanto como las que llegan con membrete oficial. Y pocas tanto como la que recibió hace unos meses un cliente de nuestro despacho: la Seguridad Social le comunicaba una deuda de cerca de 40.000 euros. El destinatario no era un contribuyente cualquiera, sino un Guardia Civil retirado por una incapacidad derivada de un atropello en acto de servicio; alguien que había entregado años de servicio público y que, de la noche a la mañana, veía cómo la Administración ponía en duda la cuantía de su sustento.

Lo que comenzó como una reclamación de deuda de la Seguridad Social en apariencia inamovible terminó del modo opuesto al previsto. No solo conseguimos anular la deuda en su integridad: la Administración fue condenada a devolver a nuestro cliente 8.000 euros en concepto de atrasos y a cargar con las costas del procedimiento. Conviene contar cómo, porque el camino que lleva de una cosa a la otra encierra una lección que va bastante más allá de este expediente.

Por qué la Seguridad Social reclama el importe de una pensión

La escena se repite con más frecuencia de la que sería deseable. Pensionistas que compatibilizan su prestación con una actividad laboral, o que perciben pensiones próximas o superiores al tope máximo legal, reciben un día una resolución que revisa de oficio su expediente. La Administración concluye que hubo un error de cálculo y exige el reintegro de lo que denomina «cobros indebidos» o «ingresos indebidos».

El ciudadano que recibe esa reclamación de la Seguridad Social suele sentirse en franca desventaja. La notificación llega acompañada de una orden de reintegro de cumplimiento inmediato, capaz de desajustar cualquier economía doméstica, y redactada con una contundencia que invita a resignarse. Sin embargo, conviene no confundir esa apariencia con la realidad jurídica. La potestad de autotutela permite a la Administración revisar y ejecutar sus propios actos, pero no la convierte en infalible. El criterio administrativo se puede combatir, y este caso lo demuestra.

El núcleo del caso: una cosa es el derecho a la pensión y otra lo que se cobra

El error de la Administración tenía una raíz técnica que merece explicarse, aunque sea en pocas líneas. El conflicto consistía en determinar cómo debe aplicarse una reducción porcentual sobre una pensión cuando la cuantía reconocida supera con holgura el límite máximo de percepción de las pensiones públicas.

La Administración pretendía aplicar esa reducción sobre la cantidad ya «topada», es decir, sobre lo que el pensionista percibe realmente cada mes. El resultado era una penalización doble sobre el mismo dinero. Nuestra tesis, que finalmente prosperó, parte de una distinción elemental: una cosa es el derecho a la pensión -que se calcula conforme a las reglas generales y constituye un derecho subjetivo ya reconocido- y otra bien distinta el pago efectivo, que es lo que queda después de aplicar el tope. Cualquier reducción ha de practicarse sobre la cuantía íntegra resultante de las normas de cálculo; solo después procede comprobar si el resultado sigue rebasando el límite máximo. Confundir el derecho con su pago efectivo no es un matiz menor: vulnera el principio de proporcionalidad e impone una doble minoración que la norma no contempla.

A esa lectura, anclada en una interpretación sistemática de la normativa de Clases Pasivas -el Real Decreto 710/2009 y el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado-, sumamos dos argumentos muy importantes: el principio de confianza legítima y la doctrina de los actos propios. La Administración había venido aplicando un criterio de cálculo durante años, lo había confirmado por escrito en consultas previas y no podía, sin más, modificarlo de forma retroactiva y sorpresiva en perjuicio del ciudadano.

Dudas frecuentes cuando la Seguridad Social reclama dinero por una pensión

Cada notificación de este tipo abre, casi siempre, las mismas preguntas. Estas son las que con más frecuencia nos plantean.

¿Qué hacer ante una reclamación de la Seguridad Social?

Lo primero, no dejar correr los plazos. Frente a la resolución cabe interponer un recurso de reposición, una vía administrativa que la propia Administración suele desestimar, pero que constituye el paso previo que puede ser muy interesante para acudir después a la jurisdicción contencioso-administrativa. Conviene no confundir la firmeza aparente del escrito con la firmeza jurídica: una reclamación de la Seguridad Social mal fundada sigue siendo combatible mientras se respeten los plazos. De ahí que el primer consejo sea siempre el mismo: leer la notificación con calma, anotar la fecha y buscar asesoramiento antes de que el plazo se agote.

¿Puede haber una devolución de pensión a favor del pensionista?

Sin ningún género de duda. Si la Administración ha estado aplicando durante años un cálculo erróneo a la baja, el pensionista no solo no debe nada: tiene derecho a reclamar los atrasos correspondientes, con el límite de los cuatro años anteriores. En el caso que nos ocupa, el recálculo correcto no se limitó a borrar la deuda de 40.000 euros; arrojó un saldo a favor del cliente de 8.000 euros. La devolución de pensión dejó de ser una hipótesis para convertirse en una cantidad ingresada en su cuenta.

¿Se pueden recuperar las costas del procedimiento?

También. En el orden contencioso-administrativo, cuando la Administración es vencida o reconoce su error una vez iniciado el procedimiento judicial -lo que se conoce como satisfacción extraprocesal-, es posible solicitar su condena en costas. El fundamento es el principio de causalidad: si el ciudadano se vio obligado a pleitear por un error que solo la Administración podía y debía haber corregido antes, es ella quien debe asumir el coste del litigio. Así lo recogió el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que puso fin a este asunto.

Conclusión: la Administración también se equivoca

Este caso deja una enseñanza sencilla de enunciar y difícil de interiorizar cuando uno tiene delante un requerimiento de pago: la Administración Pública está sometida a la ley y al Derecho, y no toda resolución con sello oficial es correcta. La normativa de Clases Pasivas y de la Seguridad Social es de una densidad notable y, precisamente por ello, esconde más errores de los que cabría suponer. Detectarlos exige ir más allá de la lectura literal de la resolución. La victoria de nuestro cliente no fue solo económica; fue, sobre todo, una victoria de la seguridad jurídica frente a la inercia administrativa.

¿Le reclama la Seguridad Social o cree que su pensión está mal calculada?

Las reclamaciones por ingresos indebidos y los errores en el señalamiento de las pensiones son asuntos de una complejidad técnica considerable, en los que cada matiz pesa. Conviene tener presentes dos situaciones que se repiten en nuestro despacho.

La primera es la del autónomo, profesional o trabajador que compatibiliza su pensión con una actividad y comprueba que la Administración le aplica reducciones sobre bases de cálculo que no son las correctas, generando una supuesta deuda donde, en realidad, no la hay.

La segunda es la de las pensiones o prestaciones en las que se imputan rentas de forma equivocada o no se respetan los límites de acumulación de prestaciones, con el consiguiente recorte o la consiguiente reclamación de cantidades.

En ambos escenarios, contar con un abogado desde el primer momento marca la diferencia. No se trata únicamente de presentar un recurso: se trata de impedir que una deuda inexistente gane firmeza por el simple transcurso de los plazos y de construir desde el inicio la estrategia que más adelante sostendrá la defensa ante los tribunales.

En nuestro despacho conocemos el terreno. La experiencia adquirida en casos como el de este servidor público nos permite localizar las fisuras del razonamiento administrativo y plantear una defensa sólida, dirigida a proteger su patrimonio y sus derechos. Si la Seguridad Social le reclama una cantidad o sospecha que su pensión no está bien calculada, no asuma la deuda sin consultar antes: es muy posible que la ley esté de su parte. Contacte con nuestro despacho y le ofreceremos una evaluación profesional y sin compromiso de su expediente.